El instructor señala que se espere su resultado por un «tiempo razonable de seis meses» y que, en el supuesto de que transcurra dicho periodo sin haber sido ejecutada la comisión, se deje ésta sin efecto, para resolver sobre si dicta «órdenes internacionales de búsqueda, detención y puesta a disposición» de la pareja.
El actor escocés Sean Connery y su esposa tienen un plazo de seis meses para declarar como imputados en el caso judicial relacionado con la recalificación de la parcela donde estaba el chalé en el que ambos pasaron sus vacaciones en Marbella, o podría dictarse una orden internacional de búsqueda y detención.
En un auto de procedimiento abreviado el magistrado pide que se reitere a través de la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia un «nuevo recordatorio» de la petición de ejecución de una comisión rogatoria librada a las autoridades judiciales de Bahamas.
En la resolución, que consta de más de 200 folios, se recoge que ha habido «todo tipo de impedimentos» para la práctica de las declaraciones de Sean Thomas Connery y su esposa, Micheline Anne Jeanne Connery, y detalla los trámites efectuados, que se remontan a mayo de 2010.
En diciembre de ese año se emitió una comisión rogatoria a Bahamas para que se recibiera declaración en calidad de imputados a la pareja, con arreglo a un interrogatorio de preguntas del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, y en agosto de 2011 se acusó recibo, aunque no hubo respuesta sobre las diligencias.
Según el instructor, aunque existen indicios de la participación del matrimonio Connery en la estructura societaria creada por un despacho de abogados de Marbella, «parece claro» que el control de ésta y las operaciones en las que intervino la pareja se llevaron a cabo por dos de los letrados procesados.
El juez recuerda que la presente instrucción, que se inició en el 2006, «ha corrido paralela» al caso Malaya contra la corrupción urbanística, y acuerda el procesamiento de diecisiete personas, entre ellas el ex asesor urbanístico municipal Juan Antonio Roca y el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, ambos en prisión por otras causas.
También están procesados los abogados que supuestamente participaron en las operaciones que se investigan y exconcejales del Grupo Independiente Liberal (GIL) en Marbella.
Malversación de caudales públicos, fraude, prevaricación administrativa, contra la ordenación del territorio, cohecho, negocios prohibidos a funcionarios públicos, uso indebido de secretos o información privilegiada, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, entre otros, son los delitos investigados en este procedimiento.
A raíz de la documentación recopilada ha quedado «indiciariamente acreditada» la «operación defraudatoria» puesta en marcha -según el auto- por la firma Díaz Bastién & Truan Abogados para «ocultar los beneficios» que la promoción del conjunto inmobiliario Malibú generó a favor de los propios miembros del despacho que participaron en el negocio, así como al matrimonio Connery.
La promoción inmobiliaria, supuestamente contraria a la normativa urbanística, está situada en primera línea de playa e incluye 72 apartamentos de lujo en un edificio de cuatro alturas, que se terminó entre 2004 y 2005 y es conocido con el mismo nombre del anterior inmueble, Malibú.
La operación policial que motivó la apertura de este procedimiento se denominó Goldfinger, en referencia a la película de 1964 en la que Sean Connery interpreta el papel del agente secreto británico James Bond.
